Con frecuencia me pregunto en qué país viven algunos congresistas: ¿en el mismo donde más de 17 millones de personas viven en la pobreza? Me lo pregunto no sólo por el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, tristemente célebre porque tuvo el descaro de quejarse porque los más de 20 millones que recibe al mes no le alcanzan para la gasolina.También me lo pregunto por el senador José Darío Salazar, director del Partido Conservador —el mismo de Corzo—, convertido en paladín de la moral, pero no para purificar a su partido de corruptos y malas prácticas, sino para convertir en criminales a mujeres violadas que no quieren tener un hijo de su victimario, a las que no quieren traer al mundo seres condenados a un no-futuro digno, a las que necesitan salvar sus vidas porque de ellas dependen otras vidas.
Me pregunto si el senador y su cohorte de moralistas —aupados por la jerarquía católica y el procurador Ordóñez— están enterados de que las prácticas sexuales de la mayoría de los católicos contradicen las normas de la Iglesia, que la prohibición moral no tiene efecto alguno sobre la decisión de abortar, que las mujeres acuden al aborto como último recurso y no como anticonceptivo, que criminalizarlo no erradica su práctica, que despenalizarlo no lo convierte en obligatorio y que ni siquiera entre las religiones hay consenso en que interrumpir el embarazo constituye un homicidio.
Me pregunto si conocen la realidad y los numerosos problemas que enfrentan las colombianas, si están conscientes de las dimensiones que alcanza la violencia de género, si están enterados de que cada año abortan más de 400.000 mujeres, que más del 90% de los abortos son clandestinos y que el 33% deriva en complicaciones que requieren atención médica, promedio que llega al 53% en el área rural. Me pregunto si saben que el 30% del total de embarazos termina en aborto y que pese a que éste es legal en los tres casos que estableció la Corte Constitucional, sólo el 0,08% es practicado según sus lineamientos, que sólo seis de cada 10 instituciones de salud que podrían prestar servicios de atención postaborto no lo hacen, y que nueve de cada 10 no ofrecen el servicio legal.*
Me pregunto si han hablado con mujeres que han abortado o piensan abortar, si se han acercado a su dolor, al drama que significa para ellas una decisión de tal naturaleza, si conocen los riesgos que corren cuando acuden a peligrosos métodos caseros o a centros donde no existen las necesarias condiciones médicas y de higiene. ¿Han dedicado un minuto de sus vidas a pensar en los dilemas morales que enfrenta una mujer que considera que no puede culminar su embarazo? ¿Han pensado en cuántas han muerto y cuántas más morirán por tener que someterse a abortos clandestinos, sin las necesarias condiciones médicas? ¿Les importa acaso?
El aborto no es sólo un asunto de conciencia, del fuero íntimo y privado de las mujeres, un asunto que atañe a la libertad individual y al derecho de decidir sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad. Es también un problema de salud pública que los legisladores no pueden ignorar. Sus obligaciones están definidas en función del bien común y no de sus personales valores morales y creencias religiosas, que por respetables que sean no pueden imponer al conjunto de la sociedad, ni convertirlos en leyes generales de un Estado no confesional como el colombiano. Me pregunto, entonces, por qué se sienten con el derecho de exigirnos a las mujeres actos heroicos a los que ellos, con seguridad, no estarían dispuestos.
* Embarazo no planeado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias (Guttmacher Institute y Fundación Oriéntame, sept. 2011)
